Aguilera destacó el respaldo transversal a la ley que prohíbe celulares en cárceles, aprobada por amplia mayoría en Legislatura

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La diputada provincial Andrea Aguilera, del bloque Despierta Chubut, expresó su satisfacción tras la aprobación del proyecto que prohíbe el uso de celulares y todo tipo de dispositivos electrónicos en lugares de detención de la provincia. La iniciativa, de la cual es autora, obtuvo un amplio respaldo en la Legislatura el pasado jueves y, según remarcó la legisladora en declaraciones a FM EL CHUBUT, refleja una preocupación transversal de todos los bloques políticos frente a una problemática creciente.
La diputada subrayó en la charla con la emisora, que la ley no apunta únicamente a los teléfonos celulares, sino a cualquier dispositivo que permita el acceso sin control a internet, redes sociales o sistemas de mensajería. De esta manera, quedará prohibido el ingreso y la tenencia de smartphones, tablets, notebooks, chips y otros elementos tecnológicos que posibiliten la continuidad de actividades delictivas desde las cárceles. «Un celular en la cárcel es un elemento de poder», afirmó, al explicar que muchas personas privadas de la libertad continúan operando estructuras delictivas mediante estos dispositivos, lo que motivó la necesidad de una regulación más estricta.

INTERES TRANSVERSAL
«El hecho de que todos los diputados, prácticamente en su mayoría, acompañen el proyecto, habla a las claras que acá no hay distinción de partidos políticos ni de bloques», señaló al indicar el interés común y transversal en la búsqueda de una solución para terminar con el delito originado con el uso de dispositivos en lugares de detención.
En ese marco, destacó el trabajo previo realizado para alcanzar consensos. «El proyecto presentado por el gobernador Ignacio Torres realmente ha obtenido el consenso de todos los bloques, producto también de todo ese tratamiento que se le ha dado a través de las reuniones informativas», sostuvo. Además, remarcó que la iniciativa no se limita 

DELITOS GRAVES ORIGINADOS DESDE LUGARES DE DETENCION
La legisladora advirtió que la medida responde a situaciones concretas que se vienen registrando en la provincia. «Lamentablemente tenemos muchas situaciones», indicó, al tiempo que explicó que «las personas privadas de libertad que pertenecen a organizaciones criminales continúan comandando, manejando y dirigiendo las organizaciones desde los lugares de encierro». A esto se suman, según detalló, numerosos casos de estafas y delitos complejos.
«Nos informaban casos realmente durísimos de escuchar, de personas mayores, vulnerables, que han entregado hasta más de 80 millones de pesos por estafas que se les realizaba a través de celulares», señaló. También mencionó hechos de sextorsión y amenazas: «Los casos de sextorsión se dan mucho en la provincia de Chubut, pero además los casos de estafa y gente que incluso ha llegado al suicidio también, producto del ahogo financiero».

PLAZO DE 180 DIAS PARA  LA IMPLEMENTACION
Respecto a la aplicación de la norma, Aguilera explicó que «esto va a tener que ser reglamentado por el Ministerio de Seguridad» y que existe un plazo de 180 días para establecer los protocolos correspondientes. «Recordemos que Chubut no tiene un servicio penitenciario provincial propio, y que a su vez las comisarías, las alcaidías y el IPP son lugares con distintas realidades», precisó.
En ese contexto, subrayó la importancia de adaptar la implementación a cada espacio. «Los protocolos tienen ese objetivo, poder adecuar cada lugar específicamente, y a partir de allí ya se va a empezar a dar cumplimiento efectivo a esta ley», explicó. Asimismo, insistió en que el objetivo central es claro: «Evitar con esto que se cometan delitos a través de estos dispositivos».

COMUNICACION GARANTIZADA Y DERECHOS PRESERVADOS
Uno de los puntos que la diputada destacó con énfasis es que la ley no implica incomunicación. «Esta no es una ley de incomunicación ni de afectar el derecho humano a la comunicación», aclaró, mencionando que se garantizarán mecanismos alternativos: «La comunicación está garantizada por teléfonos de primera generación, es decir, aquellos que no tienen acceso a redes sociales, o por dispositivos con bloqueos de señales».
Además, remarcó que se contemplan situaciones específicas: «Hay tres cosas que van a estar garantizadas absolutamente: la comunicación fluida con la familia, con los defensores y profesionales, la atención de la salud y la tarea educativa». Y agregó: «Todas aquellas personas que decidan formarse, continuar estudios o iniciarlos dentro de la cárcel, tienen perfectamente garantizada esa comunicación». Sin embargo, fue clara sobre el objetivo de la norma: «Lo que sí se termina es la clandestinidad, el celular con acceso a redes y el continuar cometiendo delitos».

INVERSION Y APLICACION PRACTICA DE LA MEDIDA
En relación a los recursos necesarios, Aguilera sostuvo que la implementación es viable. «Cualquier política pública requiere una inversión, pero esta no tanto porque con adecuación de partidas se puede lograr», explicó. Como ejemplo, mencionó una experiencia concreta: «En Comodoro se inició una prueba piloto de proveer celulares de primera generación a la alcaidía como consecuencia de un amparo, y el Ministerio de Seguridad pudo acceder y comprarlos».
En esa línea, agregó: «Hoy la tecnología es accesible y nos permite implementar bloqueos de señal o sistemas que eviten que se cometan delitos sin demasiado costo».

PRIORIDAD EN LA PROTECCION DE LA SOCIEDAD
Finalmente, la legisladora fue contundente al referirse a posibles cuestionamientos. «Nosotros no podemos legislar contemplando el humor de la población carcelaria», afirmó. Y reforzó: «Nuestra obligación es proteger a las víctimas, proteger a la sociedad y no preocuparnos por el humor de quien está privado de libertad por haber cometido un delito».
En ese sentido, insistió en que la norma no implica una vulneración de derechos: «Los derechos no van a ser cercenados, sino simplemente ordenados conforme el marco legal vigente». Para Aguilera, la aprobación de la ley marca un paso importante: «Es una herramienta fundamental para terminar con un circuito delictivo que hoy sigue funcionando desde los lugares de detención y que afecta directamente a la sociedad».