Julieta Gamarra se presentó en Fiscalía para vindicarse y negó haber pedido o recibido dinero

La fiscal jefa de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Julieta Gamarra, se presentó ante la Fiscalía e invocó el derecho de vindicación previsto en el artículo 68 de la Constitución, luego de la difusión de un video que generó fuertes cuestionamientos y derivó en una investigación judicial.
La presentación se produjo en el marco de la causa iniciada a partir de una denuncia del procurador general Jorge Miquelarena, quien solicitó que se investigue el contenido de un material audiovisual que comenzó a circular en redes sociales y que muestra un supuesto pago de 12 millones de pesos destinado a reducir el pedido de condena para un detenido acusado de un hecho grave.
El video, que habría sido filmado en mayo del año pasado, muestra a una mujer entregando dinero a un abogado que sería del foro local, mientras menciona el nombre de la fiscal Gamarra. Según trascendió, el material fue editado y manipulado antes de su difusión, aunque contiene diálogos que ahora forman parte de la investigación.
Ante la gravedad del caso y el impacto público que generó, Gamarra decidió presentarse formalmente en la Fiscalía para solicitar que se investigue el episodio y esclarecer su situación, invocando el derecho de vindicación. Este mecanismo constitucional establece que todo funcionario público que se encuentre sospechado de participar en un hecho delictivo tiene la obligación de presentarse para que se investiguen los hechos.

«ME PRESENTE PARA QUEDAR A DISPOSICION DE LA JUSTICIA»
Tras realizar la presentación ante el fiscal jefe de Trelew, Omar Rodríguez, Gamarra explicó que decidió ponerse a disposición de la Justicia para que se investigue el episodio surgido a partir del video viralizado.
«Lo que hice fue, ante el doctor Omar Rodríguez, presentarme para quedar a disposición de la Justicia, porque corresponde que se me investigue, atento al video que se ha viralizado en las redes sociales, donde se puede observar claramente a un defensor, que es el doctor Martín Castro, que está recibiendo una cantidad de dinero», señaló.
«Me parecía no solamente que estaba cumpliendo con lo que se nos exige a los funcionarios, sino también por la gravedad institucional que entiendo tiene esta situación, no solamente a nivel personal -porque el daño que generan es enorme- sino también en la transparencia del Ministerio Público Fiscal», agregó.
Según explicó, el dinero es entregado por la madre de un imputado de una causa que ella investigó, Pablo Ezequiel Ferreira, conocido como «Chavo Ferreira».
«Esa cantidad de dinero se la está dando una persona a quien identifico, que es la madre de un imputado de una causa que yo investigué. Le está entregando un dinero que podría ser en concepto de honorarios, pero la cuestión es que queda como si ese dinero fuera para mí o que yo lo hubiera pedido a cambio de realizar un juicio abreviado», indicó.

NEGO HABER PEDIDO DINERO PARA UN ACUERDO
Gamarra negó de manera categórica haber solicitado o recibido dinero para acordar un juicio abreviado y aseguró que pidió que se citara a declarar a las personas que aparecen involucradas. «Obviamente niego categóricamente haber recibido cualquier tipo de dinero o haber pedido dinero para realizar un juicio abreviado», afirmó.
En ese sentido, pidió que se tomen testimonios al abogado Martín Castro y a la madre del imputado.

JUICIO ABREVIADO
La fiscal Julieta Gamarra también detalló cómo se llegó al acuerdo judicial con el imputado Ferreira y sostuvo que el procedimiento fue el habitual en este tipo de causas.
Indicó que el acusado aceptó una condena de un año de prisión de cumplimiento efectivo, pese a que el mínimo previsto para el delito era de seis meses.
«Se hizo un juicio abreviado, lo que significa que Pablo Ferreira aceptó ser condenado a una pena de prisión de efectivo cumplimiento. No es que el abreviado fue para que quedara en libertad ni nada de eso. Al contrario, fue una pena alta en relación al mínimo que establecía el delito», explicó.
También relató que durante la negociación del acuerdo hubo discusiones con el defensor sobre la calificación de los hechos. «El defensor pretendía que yo sacara algunos de los delitos que le había imputado, a lo cual me negué y me mantuve en la misma calificación del día de la apertura de investigación», sostuvo.

TELEFONO A DISPOSICION DE LA INVESTIGACION
Para respaldar su versión, Gamarra informó que dejó su teléfono celular a disposición de la investigación, donde se encuentran las conversaciones mantenidas con el defensor durante el proceso.
«En mi teléfono tengo todas las comunicaciones con el doctor Martín Castro. Estamos hablando de una causa donde él asume la defensa un mes después de la detención y me pedía información porque no había podido ver el expediente. Yo le iba contando cómo avanzaba la investigación y él insistía con sacar algunos delitos, a lo cual siempre me negué», detalló.
Según indicó, en esos intercambios consta incluso el momento en que el defensor le comunica que el imputado finalmente aceptaba el acuerdo.
«En uno de los audios él me dice: ‘Juli, después de tanto intentar, de tanto hablar con Pablo, aceptó un año’. Eso demuestra que no fue un acuerdo sencillo ni algo que lo beneficiara particularmente», afirmó.

LA HIPOTESIS SOBRE LO QUE OCURRIO EN EL VIDEO
Durante su exposición, Gamarra también dio su opinión sobre lo que podría haber sucedido en el episodio que aparece registrado en el video.
«Voy a dar mi opinión de lo que creo que pasó: Martín Castro pidió más plata de la que le correspondía por sus honorarios. Les dijo ‘dame más plata porque lo pide la doctora Gamarra’, para cobrar una suma claramente abultada», sostuvo.
Aclaró que esa es una interpretación personal y que será la investigación la que determine lo sucedido. «Pero tiene que aparecer Martín Castro y decir cuál es la realidad, que yo no recibí ningún dinero y mucho menos pedí dinero», remarcó.

APARICION TARDIA DEL VIDEO
La fiscal también manifestó su sorpresa por el momento en que se difundió el material audiovisual. Recordó que las comunicaciones con el defensor comenzaron en febrero de 2025 y que el juicio abreviado se concretó el 8 de mayo de ese año.
«Esto aparece casi diez meses después. Me resulta totalmente extraño que aparezca ahora. No busco relacionarlo con nada en particular, pero sí me parece muy llamativo», expresó.
Finalmente, confirmó que continuará al frente de la Unidad Anticorrupción mientras se desarrolla la investigación. «Seguiré al frente de la agencia anticorrupción. Por el momento no voy a pedir licencia», concluyó.