Científicos advierten que el cierre de accesos pone en riesgo la pesca artesanal y piden por un ordenamiento territorial

El eje de la advertencia reside en la creciente informalidad laboral y las barreras físicas que impiden el acceso a los puntos de captura, una problemática que se extiende desde el Golfo San José hasta Puerto Deseado. Según la especialista, el cierre de accesos por parte de propietarios privados y la falta de una política estatal de fondo están asfixiando una actividad que es pilar histórico y económico de la región.

Señala que esta situación es el síntoma de un desajuste estructural entre la normativa vigente y su aplicación territorial. En Argentina, el derecho al libre acceso a las costas está amparado por leyes nacionales e internacionales, pero en la práctica, la gestión de estos espacios suele quedar librada a la voluntad de los propietarios de los campos linderos. 

Al respecto, Cinti señaló: «Tenemos legislación nacional, provincial, internacional que ampara en el caso específico de la pesca artesanal... debería proteger a la gente que trabaja en estas actividades para acceder al lugar de trabajo. Pero es algo que también afecta a cualquier ciudadano. El cerrar porque no se puede controlar tampoco es la manera; el Estado debería garantizar y mediar los acuerdos y el acceso».

El análisis de esta problemática revela una relación de causa y efecto directa: ante la ausencia de presencia estatal, los conflictos se privatizan. Cuando el Estado no ofrece infraestructura mínima ni vigilancia, los propietarios optan por el cerrojo para evitar daños ambientales o incendios, lo que termina por desplazar al trabajador formal hacia la irregularidad. 

FUNDACIONES POR LA CONSERVACION
La situación se agrava en zonas como Camarones, donde la aparición de nuevos actores, como fundaciones con fines conservacionistas, ha sumado capas de complejidad al acceso tradicional de los algueros y pescadores.

La investigadora señala que el problema dejó de ser una falta de datos técnicos para convertirse en una falta de voluntad política para implementar lo ya regulado: «En general ha habido un abandono muy grande hacia la actividad y hacia la regulación. Hay un montón de regulación, pero la implementación es lo que estaría faltando. No hacer nada también es tomar una posición. Si no se hace nada, se está cediendo y hay que implementar la ley».

Cinti destaca que, aunque existen fallos judiciales favorables en casos como Playa Cracker o Camarones, la solución no debería ser judicializar cada metro de costa, sino establecer un ordenamiento territorial que reconozca el valor histórico de la pesca artesanal, aquella que dio origen a la creación de parques como el San José.