El Colegio de Abogados de Puerto Madryn acusa al Superior Tribunal de Justicia por aumentos discrecionales

En el comunicado, el Colegio denuncia que los ministros del STJ firmaron “acordadas” mediante las cuales se asignaron “aumentos salariales significativos, con adicionales por 'gastos de investidura', incluyendo al Procurador General y al Defensor General de la provincia”. Agregan que esos incrementos, que “en algunos casos alcanzarían hasta un 60 % sobre las remuneraciones”, se otorgaron “sin la debida publicidad y sin respetar el sistema de porcentualidad establecido por la Ley I N.º 301”.
Además, advierten sobre la utilización de partidas presupuestarias bajo el concepto de “gastos reservados” o “gastos sin discriminar”, sin rendición de cuentas ni control externo, lo que —según el Colegio— “contraviene los principios de transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos”.
En otro tramo del comunicado, cuestionan “la reiterada designación de funcionarios en cargos jerárquicos sin sustanciación de antecedentes ni oposición”, y señalan que estas prácticas “profundizan el descrédito de la ciudadanía en el Poder Judicial, afectando injustamente a trabajadores, funcionarios y magistrados que sí cumplen con sus funciones”.
El Colegio de Abogados de Puerto Madryn exige al Superior Tribunal de Justicia que “brinde explicaciones públicas y detalladas sobre las acordadas mencionadas; garantice la equidad salarial en toda la estructura del Poder Judicial; actúe con austeridad republicana; y proceda conforme a la Constitución Provincial y las leyes en la designación de todos los cargos del Poder Judicial”.
Finalmente, el comunicado advierte que “no resulta sorprendente que hoy se observe, como nunca antes, una gestión marcada por el uso discrecional de los recursos, la resistencia a los mecanismos de control y la concentración de beneficios en unos pocos”, y señala que incluso se les ha negado “el acceso a información pública vinculada a recientes designaciones internas, desconociendo hasta el momento si las mismas fueron realizadas con la correspondiente sustanciación previa de antecedentes, en abierta contradicción con los principios que deben regir al Poder Judicial en un Estado de Derecho”.