La jueza rechazó la participación de la madre como querellante para investigar los hechos de abuso denunciados por la menor

Ayer se confirmó que la jueza interviniente decidió no hacer lugar al pedido de la madre de la menor para constituirse como querellante en la causa por abuso sexual agravado. Según explicó el abogado Juan Pablo Gallego, esta resolución impide el avance de la investigación de los hechos denunciados por la niña de 9 años y convalida el accionar de los fiscales que, según la querella, han obstaculizado el esclarecimiento del caso durante años. Ante este escenario, la defensa de la víctima adelantó que presentará recursos ante tribunales superiores, denunciando mal desempeño de los funcionarios involucrados y un «pánico» sistémico a que la palabra de la víctima sea finalmente escuchada.
El abogado Juan Pablo Gallego fue tajante al analizar el impacto de la decisión judicial: «La jueza resolvió rechazar la constitución como querellante de la mamá para que puedan investigarse los graves hechos denunciados por la niña».
Para el profesional, el fallo representa un retroceso insalvable en la búsqueda de la verdad: «La decisión carece de todo fundamento y marca el alineamiento de la jueza con los fiscales, convalidando arbitrariamente la denegación de justicia»
La causa, lleva ocho años de dilaciones sin que la niña haya podido declarar formalmente. Gallego señaló la resistencia de las instituciones locales frente al testimonio de la menor: «Increíblemente el sistema judicial de Chubut, o parte de él, tiene pánico a la palabra de una niña de 9 años y pone todo tipo de obstáculos para evitar esclarecer los hechos». A pesar de las expectativas previas sobre un posible cambio de rumbo en la conducción de la doctora Reyes, el letrado sostuvo que «la Jueza Reyes desperdició una enorme posibilidad de enderezar el rumbo errado, pero hizo prevalecer su obediencia a quienes protegen al imputado desde el propio sistema».
Respecto a los vicios legales que presentaría el escrito judicial, Gallego afirmó: «Se trata de una resolución nula, signada por un desconocimiento jurídico asombroso y por un lenguaje hostil y prepotente hacia la victima». Esta situación se suma a las denuncias previas por «maltrato institucional» y la falta de consideración de pruebas que la querella considera contundentes, como la historia clínica de un hospital público que confirmaría los vejámenes.
Finalmente, el abogado aseguró que no detendrán el proceso pese a las trabas impuestas: «Esta parte va a recurrir a instancias superiores: demostraremos la verdad y el mal desempeño de funcionarios desesperados por frenar esta investigación. La impunidad no es eterna. Pese a estas supuestas picardías de agentes del sistema para obturar la voz de la niña».