ATE denunció amenazas de despido en Puerto Pirámides y el Ejecutivo evalúa sanciones por toma de oficinas del Municipio

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Un conflicto entre trabajadores municipales y el Ejecutivo de Puerto Pirámides escaló este viernes con una protesta impulsada por ATE que incluyó retención de servicios y la ocupación de dependencias comunales. Mientras el gremio denunció amenazas de despido y situaciones de violencia laboral, desde el Municipio adelantaron que avanzarán con acciones administrativas contra quienes participaron de la medida.
La manifestación fue encabezada por la seccional Puerto Madryn–Puerto Pirámides de la Asociación de Trabajadores del Estado, en reclamo por las condiciones laborales de empleados municipales.
El secretario general del gremio, Roberto Cabeda, sostuvo que la medida respondió a un contexto de presión sobre los trabajadores. “Decidimos realizar esta acción frente a la violencia que vienen ejerciendo hacia los compañeros y compañeras traducida en amenazas de despido e incluso advertencias con despedir a familiares de compañeros de otros lugares y un sinnúmero de maltratos que llegan hasta el insulto y la agresión”, afirmó.
En la misma línea, agregó: “Vemos compañeras que salen llorando diariamente, sobre todo las compañeras y compañeros precarizados, que son los más débiles a quienes obligaron a firmar paritarias a la baja, firmar que quieren ganar menos”.
Desde ATE señalaron además que existirían presiones para la firma de nuevos contratos con condiciones salariales inferiores, en el marco de un proceso de reorganización interna del municipio.
Cabeda vinculó la situación con un contexto político más amplio y sostuvo: “La verdad que es una situación que tiene que ver con esta manera de pensar no solamente en un territorio, como en este caso Puerto Pirámides, sino en todo el país”.
Y agregó: “Entonces, en ese sentido, uno empieza a comprender que esta manera de tratar a los trabajadores tiene que ver fundamentalmente con una manera de hacer política a través de la violencia. Hablamos de la violencia y la represión que vemos en ámbitos nacionales reiteradamente y que, evidentemente, eso abre las puertas a que algunos piensen iluminadamente que lo pueden hacer en todos lados y a cada momento”.
El conflicto se desarrolló en paralelo a un proceso de revisión de contratos y reorganización del personal impulsado por el Ejecutivo local.
Según se indicó, el municipio cuenta actualmente con unos 32 empleados de planta permanente y cerca de 20 contratados, varios de los cuales participaron del reclamo.
La protesta incluyó la ocupación de oficinas municipales, lo que generó tensión en la localidad y derivó en la intervención de autoridades comunales.
Frente a este escenario, el intendente adelantó que se iniciarán actuaciones administrativas contra los trabajadores que formaron parte de la ocupación del edificio, lo que podría derivar en sanciones.
El conflicto continúa abierto y no se descartan nuevas medidas gremiales en los próximos días, mientras se espera una definición sobre el rumbo de las actuaciones y la situación laboral de los empleados involucrados.