El Ejecutivo envío a la Legislatura el proyecto de ley para prohibir el uso de celulares en las cárceles
Tal como lo había anticipado el gobernador Ignacio Torres, el Poder Ejecutivo Provincial presentó formalmente ante la Legislatura el proyecto de ley que busca establecer una prohibición total del uso de telefonía móvil e internet por parte de los internos en todos los centros de detención de la provincia.
por REDACCIÓN CHUBUT 17/03/2026 - 21.26.hs
La iniciativa, que lleva la firma del mandatario provincial y del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, tiene como eje central la seguridad pública y la prevención del delito, basándose en la necesidad de neutralizar la planificación de ilícitos desde el interior de los penales.
La normativa establece la prohibición absoluta de la tenencia y uso de dispositivos de comunicación inalámbrica, tales como teléfonos celulares o tablets, fundamentada en que estos elementos son utilizados frecuentemente para coordinar estafas y extorsiones desde los pabellones. Para asegurar el cumplimiento de esta medida, el proyecto ordena la instalación y mantenimiento de equipos técnicos de bloqueo o inhibición de señales de telefonía y datos dentro de los perímetros de las unidades penitenciarias.
La implementación de estas medidas técnicas quedará bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Justicia, que trabajará en coordinación con la Policía de la Provincia, y se requerirá la colaboración obligatoria de las empresas operadoras de telecomunicaciones para garantizar la eficacia del bloqueo de señal. Asimismo, el proyecto define un estricto régimen sancionatorio, donde el incumplimiento de la norma será considerado una falta disciplinaria grave para los reclusos, contemplando además sanciones severas para cualquier persona o funcionario que facilite el ingreso de estos dispositivos prohibidos al sistema.
Con esta medida, el gobierno provincial busca garantizar que la detención cumpla efectivamente con su rol de resguardo social, evitando que la tecnología sea utilizada para burlar la justicia y poner en riesgo a la comunidad. El proyecto de ley deberá ahora ser tratado por las comisiones de la Legislatura para su posterior votación y eventual puesta en marcha gradual en todo el territorio provincial.
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