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Nuevos concesionarios asumieron la gestión de las represas del Comahue

Desde el 9 de enero, las empresas adjudicatarias tomaron el control operativo de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.

por REDACCIÓN CHUBUT 12/01/2026 - 11.23.hs

En el marco de la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, las nuevas operadoras comenzaron a administrar desde el 9 de enero los principales complejos de la región, luego del vencimiento de las concesiones originales. El traspaso se realizó sin afectar el funcionamiento del sistema eléctrico ni el abastecimiento de energía.

 

De acuerdo con el esquema transitorio establecido por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, las adjudicatarias asumieron la operación, el despacho y la comercialización de la energía generada por las centrales, manteniendo la continuidad dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Este régimen garantiza la prestación normal del servicio mientras se completan los trámites administrativos y contractuales finales del proceso.

 

Las empresas a cargo de cada central

 

Las centrales quedaron bajo la gestión de Edison Inversiones S.A.U., responsable de Alicurá y Cerros Colorados; BML Inversora S.A.U., que asumió El Chocón; y Central Puerto S.A., a cargo de Piedra del Águila. Se trata de instalaciones estratégicas emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén, fundamentales tanto para el suministro energético nacional como para la regulación hídrica de la región del Comahue.

 

CAMMESA y la transición administrativa

 

En paralelo, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) activó las adecuaciones necesarias en los sistemas de programación, despacho, liquidación, registración y garantías. El objetivo es asegurar una transición ordenada, transparente y sin impactos en la operación del sistema eléctrico argentino.

 

Contratos vencidos desde 2023

 

Las concesiones originales de operación, mantenimiento y explotación comercial de estas represas habían sido otorgadas en la década de 1990 bajo el decreto 287/93, con un plazo de 30 años que venció el 11 de agosto de 2023. A partir de ese momento, el Gobierno nacional dispuso extensiones temporarias para garantizar la continuidad operativa mientras se definía el futuro de estos activos estratégicos.

 

Prórrogas y camino hacia la privatización

 

Tras el vencimiento de los contratos, durante 2023 y 2024 se dictaron resoluciones que ampliaron provisoriamente las concesiones vigentes. Estas medidas permitieron que los operadores continuaran al frente de las centrales mientras se preparaba un nuevo proceso licitatorio.

 

En 2025, el Ejecutivo avanzó formalmente con la privatización mediante la Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía, que convocó a una licitación pública nacional e internacional con el objetivo de concluir el proceso antes del 31 de diciembre de ese año. Las provincias de Neuquén y Río Negro participaron en la elaboración de los pliegos, incorporando aspectos vinculados a regalías, uso del agua y beneficios regionales.

 

Firma de contratos y nueva etapa

 

El 22 de diciembre de 2025, en un acto realizado en Cipolletti, Río Negro, se firmaron los contratos de transferencia de acciones y concesión de las centrales Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Con contratos vigentes por 30 años, se dio inicio a una nueva etapa bajo gestión privada, con compromisos de inversión, mantenimiento y modernización de las instalaciones.

 

Beneficios destacados por las provincias

 

Río Negro y Neuquén resaltaron una serie de logros incorporados en el nuevo esquema concesional, entre ellos:

 

Obras de seguridad hídrica: plazo de hasta 24 meses para realizar estudios técnicos que definan las obras necesarias ante la máxima crecida probable, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2009.

 

Precio de la energía en dólares: la energía vendida a CAMMESA se fijará en dólares estadounidenses, otorgando mayor previsibilidad y estabilidad para inversiones y financiamiento.

 

Mayor energía de libre disponibilidad: los contratos prevén un incremento progresivo de la energía disponible para comercialización, lo que aumentará los ingresos provinciales por regalías y cánones.

 

Regalías sobre el total de ingresos: se eliminan ambigüedades previas y se incorporan todos los conceptos de ingresos en las liquidaciones, incluyendo potencia, energía operada y regulación de frecuencia.

 

Regalías en especie: las provincias podrán percibir sus regalías en energía eléctrica física, destinada al consumo local, reventa o promoción de actividades productivas.

 

Información hidrometeorológica: se reconoce la obligación de los concesionarios de obtener y financiar información de las cuencas.

 

Canon por uso del agua: se incorpora un canon a favor de Río Negro y Neuquén por el uso del recurso hídrico, inexistente en el esquema anterior.

 

Fondos para obras de protección: parte de los ingresos nacionales por la licitación se destinará a obras definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), con participación provincial.

 

Ingresos para el Estado y plan de inversiones

 

El proceso de privatización generó ingresos superiores a 706 millones de dólares para el Tesoro nacional, distribuidos de la siguiente manera:

 

  • Central Hidroeléctrica Piedra del Águila: USD 245 millones (Central Puerto).
  • Central Hidroeléctrica El Chocón: USD 235,6 millones (MSU Green Energy).
  • Central Hidroeléctrica Alicurá: USD 162 millones (Edison).
  • Central Hidroeléctrica Cerros Colorados: USD 38 millones (Edison).

Además del pago por las concesiones, las nuevas operadoras deberán ejecutar un plan de inversiones que incluye el rebumping integral de las centrales, con obras de modernización, renovación y actualización tecnológica estimadas en unos 400 millones de dólares. Estas mejoras permitirán extender la vida útil de los equipos, optimizar la eficiencia de generación y elevar los estándares de seguridad operativa.

 

Según lo establecido en los pliegos, las concesionarias cuentan con un plazo de 30 días corridos desde la toma de posesión para presentar la documentación final requerida. El proceso forma parte de la estrategia oficial para reordenar el sector energético, atraer inversiones privadas y asegurar el suministro eléctrico a largo plazo, con impacto directo en el Comahue y en todo el país.

 

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