El Gobierno eliminó el control estatal sobre las cuotas y matrículas de los colegios privados

El Gobierno nacional derogó la norma que regulaba los aranceles de los colegios privados, por lo que estas instituciones ya no estarán obligadas a informar ni solicitar aval estatal para establecer los montos de las cuotas y matrículas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, y pone fin al régimen de control vigente desde hace más de 30 años. Con su entrada en vigor, queda derogado el Decreto 2417/1993, que establecía la obligación de comunicar a las familias el valor de la matrícula, las cuotas, los plazos y eventuales recargos antes del inicio del ciclo lectivo.

Hasta ahora, las instituciones debían cumplir con este requisito antes del 31 de octubre de cada año, plazo que recientemente se había extendido al 15 de noviembre. Además, el decreto anterior exigía alcanzar un acuerdo con los padres o tutores sobre los nuevos valores, lo que luego debía notificarse a las autoridades nacionales. En caso de no llegar a un consenso, los aranceles permanecían sin cambios.

En los fundamentos de la nueva disposición, el Gobierno sostuvo que la norma eliminada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

También señaló que el decreto derogado “fue dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual”, recordando que en ese momento la educación estaba bajo la órbita nacional, mientras que hoy su administración corresponde a las provincias, conforme al principio federal.

El texto argumenta además que “la estructura de costos y consecuentemente de aranceles de la educación ha variado desde entonces”, lo que justifica una revisión.

En esa línea, el Ejecutivo advirtió que “la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”.

Según el decreto, “dicha intervención, al exigir a los establecimientos la presentación de los montos de las cuotas y de la matrícula con anticipación, limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado”, lo que impide ajustar los precios a los costos operativos.

El texto añade que este sistema “crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan cubrir sin aprobación estatal”.

A criterio del Gobierno, esta dinámica “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos y en algunos casos obligándolas a trasladar a sus hijos”.

Además, subraya que “esta situación constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos, quienes deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin necesidad de autorización estatal”.

Por último, el Ejecutivo sostuvo que “el principio de libre contratación debe ser resguardado, permitiendo a las instituciones educativas definir sus políticas de precios y compensaciones en un marco de competencia leal y acorde a las demandas del mercado”.