La Cámara de Comercio cuestionó la intervención y el ajuste tarifario para la Cooperativa Eléctrica

La intervención judicial federal de la Cooperativa Eléctrica de Trelew sigue generando debate en distintos sectores de la sociedad. Desde la perspectiva del sector empresarial, representado por la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECH), la medida se presenta como "una maniobra de control político más que una solución integral".

Según la CICECH, "el mero aumento tarifario –utilizado como argumento para la intervención– no justifica, por sí solo, el desplazamiento total de la administración cooperativa ni la instauración de un régimen de control judicial tan estricto". La falta de acciones contundentes para sancionar a los responsables de la mala gestión es una de las principales preocupaciones del sector empresarial.

Desde la CICECH, consideran que el interventor debería asumir un rol más activo en tres aspectos clave:

• Mayor transparencia: "Es fundamental presentar informes detallados y accesibles que expliquen, en términos claros, cuáles son las irregularidades detectadas y cómo se prevé corregirlas".

   

• Mejor comunicación: "Se deben establecer canales de diálogo constantes con la ciudadanía, los asociados y, en particular, con el sector empresarial, para generar confianza en la gestión".

   

• Resultados concretos: "Más allá de simples declaraciones, es necesario avanzar en la identificación penal de los responsables y en la implementación de medidas que efectivamente reviertan la situación de deuda y desorden administrativo".

   

Desde el sector empresario afirman que "una intervención sin resultados palpables no solo deja en el aire el cuestionamiento sobre quiénes han contribuido a la situación actual, sino que también envía un mensaje de ineficacia que afecta la percepción del manejo de los servicios públicos en la región".

Medida discutible

Si bien desde la CICECH reconocen "la necesidad de estabilizar la cooperativa ante una situación de crisis", enfatizan que "la intervención judicial debió centrarse en acciones correctivas más que en medidas de control político". En este sentido, señalan que "el incremento tarifario, argumentado como una solución para equilibrar las cuentas, fue utilizado como pretexto, pero resultó insuficiente para justificar la no búsqueda de responsables y la ausencia de denuncias penales que pudieran sanear definitivamente la mala administración".

La CICECH reafirma que, para que la intervención sea considerada exitosa, "debe transformarse en un proceso transparente, orientado a la rendición de cuentas y a la restauración de la confianza de los usuarios y del sector empresarial". Según la entidad, "solo así se podrá demostrar que la medida judicial fue, efectivamente, una herramienta para corregir errores y no un mero instrumento de control sin consecuencias claras".