El Gobierno Nacional transfiere $4.000 millones a Chubut y girará $100.000 millones a Bomberos Voluntarios

Este jueves a la madrugada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, que establece una serie de medidas destinadas a fortalecer el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

En ese marco, Chubut confirmó la recepción de una transferencia por $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinada a enfrentar los incendios forestales que afectan a la provincia, una de las más golpeadas por los focos ígneos registrados recientemente en la Patagonia.

Según lo dispuesto en la resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50, que será distribuido entre 1.062 asociaciones, con una asignación individual de $94.924.971,75. Los recursos estarán destinados a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria, elementos de protección y al mantenimiento de los recursos necesarios para la lucha contra el fuego y la protección civil.

Por su parte, las entidades de segundo grado, que nuclean a las federaciones provinciales, percibirán $7.754.639.995,93, distribuidos de acuerdo a la cantidad de asociaciones afiliadas informadas por cada federación. Estos fondos se destinarán a gastos de funcionamiento, representación institucional y cumplimiento de obligaciones legales. Además, se asigna un monto adicional idéntico, otros $7.754.639.995,93, para programas de capacitación de bomberos voluntarios y directivos, conforme a lo establecido por la Ley Nacional N° 25.054.

La resolución fue firmada el martes por la tarde, el mismo día en que los gobernadores patagónicos solicitaron formalmente al Congreso de la Nación el tratamiento de una Declaración Nacional de Emergencia Ígnea.

Desde el Gobierno nacional reconocen que el pedido de los mandatarios provinciales no fue el detonante directo de la medida, aunque admiten que la decisión busca mitigar las críticas por la política oficial frente a los incendios en la Patagonia.

“Estamos tratando de contrarrestar un poco las críticas sobre los incendios. Las balas en esos temas entraron”, reconocieron fuentes inobjetables.

Como aspecto complementario, varios de los gobernadores de la región son considerados aliados clave del oficialismo para avanzar con proyectos incluidos en las sesiones extraordinarias, como la reforma laboral, y en Casa Rosada admiten que la falta de gestos concretos podía complicar esos respaldos legislativos.

Si bien la medida representa un acercamiento concreto de Nación, los gobernadores aún no se pronunciaron sobre si el anuncio resulta suficiente. En paralelo, circula la presunción de que el Ejecutivo podría avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea, evitando así el debate parlamentario.

En los considerandos de la resolución se señala que el esquema de financiamiento responde a “los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y los previstos para el presente”, y que resulta necesario dotar a las entidades de bomberos más afectadas de equipamiento adecuado para cubrir emergencias en su jurisdicción, tanto a nivel provincial como interprovincial.

Asimismo, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, recibirá $2.584.880.009,64, destinados a tareas de fiscalización, creación de centros regionales de control, adquisición de equipamiento, movilidad, traslados, formación de instructores, diseño de cursos y subsidios extraordinarios ante situaciones de emergencia.

Finalmente, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, como ente de tercer grado, contará con dos partidas: $7.754.640.000 para el funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios, y $2.584.880.000 para gastos operativos, representación institucional y cumplimiento de obligaciones legales.

La resolución establece además que se priorizarán las transferencias a las asociaciones que hayan presentado la documentación en tiempo y forma, y que, en situaciones de emergencia federal, se dará preferencia a las provincias con menor cantidad de entidades habilitadas.