Servicios Públicos y Entes Reguladores

No podrían ser exitosos cuando no regulan ni controlan. Sistemáticamente, se los pone fuera de la ley y se los interviene para que actúen a favor del Gobierno y los concesionarios, ignorando así el largo plazo estratégico y las políticas de Estado.

El Ente Regulador Provincial fue intervenido por el PE, y en la exposición de motivos el Diputado Juncos informaba que el ENRE.... «desde su creación no ha cumplido con las funciones, atribuciones y deberes contemplados en el artículo 3ro de la Ley I Nro 196». Continuando en su fundamentación diciendo que... «El ente regulador debe asegurar la publicidad de cada una de las decisiones que se toman. Nos pusimos a buscar qué encontramos del Enre y encontramos una página en construcción.» Prosiguiendo su informe con la siguiente afirmación:  ... «Tiene que mostrar la transparencia de cada uno de sus actos. Anualmente tiene que armar un informe enviado al Ejecutivo. Pedimos el último informe y no existe».

Luego agregaba que, «El Enre no tiene aprobado en el Tribunal de Cuentas los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Ni siquiera tiene aprobada la rendición de cuentas de la utilización de los fondos de los usuarios de la provincia. Tiene muchas irregularidades en su funcionamiento, que justifican una intervención por parte del Estado». «La decisión de este Gobierno es que la gente conozca los motivos y las razones por las cuales se está interviniendo». Bien.
Finalizó su presentación señalando que «el financiamiento del Enre tiene que ver con una tasa de inspección y control. Nos pusimos a buscar información respecto de la implementación de esa tasa y no la encontramos.

Sí encontramos una resolución que han ejecutado del Enre, del 2019, que marca que la tasa corresponde al 1% de la facturación total mensual de los servicios prestados por generadores, distribuidores y prestadores de servicios públicos». Rematando con esta pregunta: «¿Cuál es la contraprestación del Enre respecto de un usuario? Ninguna. Las localidades tienen su ente regulador. No hay ninguna contraprestación respecto del ciudadano que está pagando una suma mensual».

En la reciente historia de Chubut, esto demuestra por un lado, la veracidad y severidad, de la nota publicada, a la que hacemos referencia al principio, y por otro lado, la prueba de otro ultraje más, en la suma de irregularidades y costos que soportan los usuarios de los servicios públicos que, como hemos señalado reiteradamente, están incontrolados, y aunque algunas distribuidoras están intervenidas, en general, este es el cuadro presente, de desconcierto y desconfianza de los usuarios consumidores, que siguen asistiendo impávidos a estas revelaciones, sin poder de reacción, al comprobar que, los que deben controlar, descontrolan todo. 

El fracaso de los entes, que va a la par del fracaso de las sindicaturas y veedores, se debe en gran parte, según la opinión general de especialistas y analistas, a que no se conforman organismos fuertes, competentes e independientes, no se respeta la autarquía y la autonomía, terminando así, por convertirse en apéndices políticos de los poderes ejecutivos, sin nombramientos por concursos, que procuren convocar a profesionales que no provengan de partes interesadas, o de los regulados o del propio estado.

Sin un organismo profesional, conformado con gente idónea, de reconocida trayectoria en servicios públicos, es muy baja la posibilidad de ver la correcta aplicación de la ley que creo el Marco Regulatorio Provincial, y el Ente provincial, y por consecuencia, será mas baja aun, la probabilidad de que los usuarios reciban por fin, los beneficios de la regulación, y lo constaten notoriamente en sus facturas, en la calidad técnica y comercial del servicio, en obras y proyecciones. 

El reconocido Profesor Gordillo expone en una de sus Obras, en el Capítulo XV «Entes Reguladores» el siguiente título y párrafo: «El que concede no debe controlar». «Agréguese aquí que el poder político es quien ha dado la concesión al poder económico y las cuentas se sacarán fácilmente.

Los acuerdos no se celebran entre los reguladores y las empresas, sino entre el poder político y las empresas, y sus consecuencias son simplemente impuestas a los entes reguladores». Tan magistralmente explicada, esta es cabalmente la mayor causa, además de las anteriores, del fracaso de la regulación, que como bien dice, el distinguido autor, debe cambiarse a favor de los usuarios.