Impulsan proyecto para realizar narcotests «sorpresivos y obligatorios» a toda la Policía

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, junto al jefe de la Policía, Andrés García, en una conferencia de prensa celebrada este lunes. Ambos destacaron que ya se está avanzando en la modificación de la legislación vigente, para habilitar controles sin previo aviso dentro de las comisarías y dependencias policiales.
«La normativa actual está desactualizada y no permite estos controles de forma eficaz», sostuvo García, quien confirmó que el Ministerio de Seguridad trabaja con asesores legales y diputados provinciales para ingresar el proyecto a la Legislatura en los próximos días, a quien de que tome estado parlamentario.
La futura ley una vez incorporadas las respectivas modificaciones contemplará que todo efectivo que dé positivo en un test será apartado de inmediato de sus funciones y deberá iniciar un tratamiento médico obligatorio. Además, negarse a realizar el test o abandonar el tratamiento será considerado causal directa de cesantía.
En paralelo, el ministro Iturrioz se mostró enfático al repudiar las generalizaciones surgidas en distintos ámbitos, señalando «tenemos 6.500 policías en la provincia y hablamos de dos casos puntuales. No se puede estigmatizar a toda la fuerza por hechos aislados», afirmó, tras calificar de «lamentable» el caso del comisario investigado.
Iturrioz también señaló que el consumo de sustancias afecta transversalmente a toda la sociedad, y que profesionales de distintos rubros pueden verse involucrados, aunque sostuvo que en el caso de la policía requiere de mayor celo y rigurosidad ya que es la encargada de hacer cumplir la ley.
Actualmente, los exámenes toxicológicos ya se aplican al personal en condiciones de ascenso, desde el jefe de Policía hacia abajo. Sin embargo, reconocieron que esto «no es suficiente» y que se necesita un sistema más riguroso, permanente y aleatorio.
Respecto al comisario implicado, fue suspendido y se encuentra bajo investigación administrativa, a cargo de Asuntos Internos. El caso fue tomado por la Policía Federal, lo que desde el Ejecutivo provincial se destacó como una muestra de imparcialidad y transparencia. Con este proyecto de ley, el Gobierno de Chubut busca reforzar el control interno y marcar una línea clara frente al consumo de estupefacientes dentro de las fuerzas de seguridad.

CASO CENTENO: SE INVESTIGA PRESUNTO HOMICIDIO
Por otro lado, y a un mes de la desaparición de Emanuel Centeno en Gaiman, el ministro Héctor Iturrioz confirmó que se investiga un homicidio. En este caso las autoridades provinciales informaron que pasó de ser una búsqueda de persona a una investigación por presunto homicidio, confirmando que hay indicios de que el joven no se habría ausentado por voluntad propia.
«Estamos investigando un homicidio», afirmó el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, en declaraciones radiales, indicando que tras un mes de trabajo por parte de la Justicia y las fuerzas de seguridad se han reunido indicios suficientes como para presumir que Emanuel no desapareció por decisión propia, y que podría haber sido víctima de un hecho violento.
 «Hay elementos que nos llevan a cambiar la orientación de la investigación, pero esos datos están en manos del fiscal», sostuvo el funcionario provincial, aunque evitó brindar detalles específicos para no entorpecer el avance de la causa.
El titular de la cartera de Seguridad aseguró que se están utilizando todos los recursos disponibles de la provincia, y que también se convocó a fuerzas federales para colaborar en las tareas de búsqueda e investigación. «La familia está conforme con el accionar hasta el momento», agregó.