El Consejo de la Magistratura pidió por unanimidad al Superior Tribunal que revea la remoción de Arcuri

El órgano judicial, que sesionó en la ciudad petrolera, resolvió por unanimidad -ante la presencia de la magistrada en cuestión- solicitar a la corte provincial que revea la situación particular de Arcuri y su puesto, disponiendo su revisión en el marco y entendimiento de la nueva reglamentación que se está solicitando. Al mismo tiempo, elevó una petición para que el Superior Tribunal de Justicia, como medida primordial y prioritaria, proceda a: reglamentar todo lo referente al área de Ejecución Penal; establecer que todas las normativas dispuestas para ese sector sean uniformes y símiles para toda la provincia. 
Este escenario tuvo otro condimento: un pedido del Gobierno provincial, mediante nota presentada a la corte, para que proceda al apartamiento de la jueza. Es que, en una oportunidad, la magistrada cuestionó las condiciones de alimento, sanitarias, entre otras, de los internos alojados en distintos centros de detención. Esa visión no fue bien recibida en el Ejecutivo, y procedió a tal efecto.
La jueza, además de presenciar la sesión de ayer, presentó una nota al titular del Poder Judicial, Javier Raidán, a quien transmitió con detalles lo ocurrido. Arcuri, ante la intervención del Ejecutivo, recibió el respaldo de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut, entidad que denunció «una grave intromisión» de poderes y alertó sobre el riesgo de la «independencia institucional».
La propuesta de revisión del caso hacia el interior del organismo fue presentada por la consejera, Lucía Pettinari.
Tras la sesión, el presidente del Consejo de la Magistratura, Rafael Lucchelli, advirtió que existe «un vacío normativo muy grande». Y consideró que el Poder Ejecutivo debe canalizar sus comunicaciones «de manera institucional, con la finalidad de garantizar transparencia en los procedimientos judiciales». 
Respecto a Arcuri, comentó que «no tenemos la atribución de reponerla en el cargo a la jueza y hacer cesar al actual juez de ejecución, porque somos un organismo intrapoder, esto significa que es responsabilidad del Poder Judicial». 
«Advertimos -insistió- que existe un vacío normativo muy grande con relación a cómo deben rotar los jueces de ejecución. Por otro lado, tampoco tuvimos en mano la nota que tuvo a la vista el doctor (Daniel) Yanguela del Poder Ejecutivo, por lo tanto no tenemos el contenido y nos fiamos de la remisión que hace el juez a esa misiva». 
En este marco, «para evitar problemas, porque consideramos que nunca podemos olvidar que el Poder Judicial es un servicio que se debe a la sociedad, sería bueno que si el Poder Ejecutivo tiene que dirigirse al Poder Judicial, lo haga directamente a las cabezas de los poderes, o sea, al Superior Tribunal de Justicia».