"Sin un diagnóstico claro y un plan de saneamiento, discutir tarifas es hablar en el aire", dijo Dulio Monti

En una entrevista brindada en el programa radial Invencibles, el presidente del Concejo Deliberante de Rawson, Dulio Monti, se refirió a la intervención judicial en la Cooperativa de Servicios Públicos de la ciudad y al impacto que esta medida tendrá en el sistema tarifario y en la transparencia de la administración.

Desde hace tiempo, el Concejo Deliberante ha solicitado información a la cooperativa, enfrentando dificultades para acceder a datos clave sobre su gestión. "Hemos tenido dos litigios últimamente sobre la aplicación indiscriminada de tarifas sin la aprobación correspondiente, pese a la existencia de una ordenanza de emergencia que prorrogaba el contrato de concesión y prohibía aumentos sin la debida autorización", explicó Monti.

Según el presidente del cuerpo legislativo, la situación de la cooperativa ha sido poco clara desde la designación del Consejo de Administración, que en un principio parecía dispuesto a colaborar con la entrega de información, pero que luego limitó el acceso a datos esenciales. "Desde el inicio de esta nueva composición del Consejo de Administración, todo ha sido muy raro", sostuvo Monti, recordando episodios como el protagonizado hace un año por el síndico Mario Orellano, quien fue cuestionado por dedicarse a controlar el consumo de los vecinos en lugar de supervisar las finanzas de la cooperativa.

Uno de los puntos más controvertidos es el contrato con el estudio Villaverde, que, según Monti, genera más dudas que certezas. "Se firmó un contrato con honorarios de 25.000 dólares, además de costos de litigación y un 20% de la deuda exigida a la cooperativa por CAMMESA, lo que podría significar un pago de aproximadamente 12.000 millones de pesos. Esto claramente no es una gestión eficiente de los recursos", señaló.

El problema de fondo, según Monti, es la falta de transparencia y el desmanejo financiero. "La cooperativa cobra la energía a todos los vecinos, pero no paga la factura a CAMMESA, generando una deuda que estimamos en 1.200 millones de pesos mensuales", denunció. En este contexto, el Concejo Deliberante ha rechazado aumentos tarifarios aplicados unilateralmente por la cooperativa, algunos de hasta el 272%, y ha apelado a la justicia en dos oportunidades.

En cuanto a la intervención judicial, Monti expresó que el principal objetivo debe ser "acceder a los números reales de la cooperativa y sanear la institución". Aseguró que cualquier discusión sobre nuevos ajustes tarifarios deberá estar basada en un plan concreto y en la eficiencia de los recursos. "Sin un diagnóstico claro y un plan de saneamiento, discutir tarifas es hablar en el aire", afirmó.

Finalmente, ante la posibilidad de que el interventor solicite un ajuste tarifario, Monti reiteró la postura del Concejo: "Primero hay que conocer la situación real de la cooperativa, luego diseñar un plan de saneamiento y recién después evaluar la necesidad de ajustes. Sin transparencia y sin un manejo eficiente de los recursos, no podemos tomar decisiones sobre aumentos".