Vecinos conforman la Asociación Civil Libre Acceso a las Playas para reunir fuerza jurídica y respaldo comunitario

Con el objetivo de blindar legalmente el derecho de circular y disfrutar de las costas patagónicas, vecinos y profesionales de Chubut trabajan en la conformación de la Asociación Civil Libre Acceso a las Playas.

Esta nueva herramienta jurídica permitirá que la comunidad intervenga de manera directa en litigios judiciales, represente intereses colectivos —denominados derechos difusos— ante el Estado y propietarios de tierras, y evite el avance de cierres arbitrarios en sitios clave de la costa provincial, principalmente en Península Valdés.

La entidad surge como respuesta a la creciente conflictividad en zonas como la Bajada de los Palitos en Comodoro Rivadavia, y áreas de pesca artesanal, buscando que el acceso al mar no dependa de voluntades privadas, sino del cumplimiento efectivo de la normativa vigente.

El Dr. Daniel Gómez Lozano, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó que la creación de esta persona jurídica es fundamental para defender el interés general. A diferencia de los reclamos individuales, que suelen agotar sus beneficios en quien demanda, una asociación civil tiene la capacidad de actuar en representación de toda la sociedad: «Necesitamos una herramienta que nos permita intervenir en juicios en nombre del interés público», señaló el letrado, destacando que hasta ahora, clubes de pesca o cooperativas debían enfrentar procesos complejos que no siempre garantizaban la apertura del acceso para el público masivo.

La asociación ya cuenta con el respaldo de abogadas con experiencia en el campo, como Sonia Ivanoff, quien recientemente logró frenar judicialmente un loteo privado en la zona de la Bajada de los Palitos, en Comodoro Rivadavia. En dicho caso, la justicia priorizó la conservación y el uso público frente a proyectos inmobiliarios que pretendían cerrar el paso en áreas naturales protegidas. Asimismo, se suma al equipo la abogada Estrella Gerez, quien intervino con éxito en la apertura de playas en Camarones para permitir el trabajo de cooperativas de algueros, cuyos accesos habían sido bloqueados con candados por propietarios de campos colindantes.

La problemática, según los fundadores, no solo radica en lo que califican como una visión «arcaica o feudal» de la propiedad privada por parte de algunos dueños de campos, sino también en la falta de un ordenamiento estatal moderno. Sostienen que el Estado debe tener una presencia «ordenatoria y permisiva», garantizando servicios básicos como la gestión de residuos y controles, en lugar de permitir que los conflictos se resuelvan entre privados.

Aunque la entidad se encuentra en sus pasos iniciales, ya posee una estructura horizontal y busca sumar colaboradores de diversos ámbitos, desde biólogos hasta técnicos en turismo y fotógrafos. El alcance de la organización, si bien nace con una fuerte impronta en Puerto Madryn y la región costera, proyecta una escala provincial ante la repetición de problemas similares en accesos a ríos y lagos de la cordillera.

Desde la organización invitan a la comunidad a participar activamente a través de las redes sociales para fortalecer este reclamo que definen como una defensa del patrimonio de toda la ciudadanía.