Alejandro Ferro defendió la postura familiar, pidió un acuerdo con el Gobernador y no descartó avanzar con expropiaciones

Ferro cuestionó la validez de la resolución del Ministerio de Turismo, reclamó un convenio firmado directamente por el Gobernador —similar al alcanzado en 2008— y subrayó la necesidad de que los propietarios privados, dueños del 95% de la Península, comiencen a percibir ingresos por el uso de sus tierras.

Alejandro Ferro, el exéntrico joven que pasa su tiempo entre actividades turísticas, el beach polo y la presidencia de la cooperativa de Puerto Pirámides, sostiene no ser él quien decide unilaterlamente el manejo de los campos que la familia tiene en Península Valdés, que cubren el 60% del área hace más de 130 años. Sin embargo, y muy lejos del perfil que caracterizaba a su abuelo Emilio, a su manera Alejandro siempre fue la voz e imagen pública de la familia. Y fue quien en las últimas horas salió a responder y justificar las decisiones de cerrar los miradores ubicados en sus campos, contrareando las decisiones del mismísimo gobierno provincial. 

Así fue que buscó explicar que los cierres «no son una medida contra el turismo», sino una respuesta al estado de «abandono» de las instalaciones públicas. Según Ferro, las pasarelas tienen tablas rotas y alambres sueltos sobre barrancos, lo que genera un peligro inminente para los visitantes y una responsabilidad civil directa sobre los propietarios en caso de accidentes.

Además, denunció que la infraestructura actual interrumpe el crecimiento natural de la pingüinera, obligando a los animales a anidar debajo de las maderas de forma precaria. A su vez, el vocero familiar descartó que una resolución ministerial sea la vía para solucionar el conflicto, exigiendo en su lugar una mesa de diálogo con el Gobernador para establecer un acuerdo a largo plazo que incluya compensaciones por la ocupación de tierras privadas.
Riesgo legal e infraestructura deficiente

Según comentó en una entrevista, la principal preocupación manifestada por Ferro radica en la seguridad de los turistas y las consecuencias para los dueños del campo: «Cualquier accidente que hay en el espacio el responsable es el dueño de la tierra, no es ni la agencia ni yo. Me mandaron fotos de los miradores con tablas partidas, nidos de pingüinos abajo de los miradores, el alambre totalmente suelto flojo y está sobre un barranco».

Ferro calificó la situación como una muestra de desidia por parte de quienes han utilizado el espacio durante décadas: «Veo irresponsabilidad de las personas a las que se le ha prestado estos miradores, como saben que muchos años esto fue un préstamo... por lo menos no me hagan correr un riesgo de que va a pasar algo y que yo voy a tener que pagar los platos rotos».

Para Ferro, la solución técnica implica una renovación total del área para alcanzar estándares internacionales: «Me imagino pasarelas como la gente, que estén suspendidas y que el pingüino pueda caminar por abajo y que la gente no pueda estar en contacto directo con el animal; me imagino una pasarela como las que hay en Tombo o las que hay en Calafate, unas pasarelas suspendidas en donde todo está por arriba, algo muy profesional». Sin embargo señaló que el estado actual de las mismas «parece como abandonado y que aparte nosotros como propietarios corremos el riesgo de que nos comamos un quilombo si pasa algo».

Crecimiento de la pingüinera
En otro orden, Ferro aseguró que el diseño de los miradores terminó perjudicando a la especie que se intenta proteger: «Está la fauna por adelante del turista... yo creo que lo primero es la fauna para que una pingüinera que tenía un crecimiento para adelante frenó y empezó a crecer para el costado... le pusieron unas tablas, como si se hubiese puesto una barrera para que no vengan para el lado». 

Reclamo de un acuerdo político
En cuanto a la resolución dictada por el Ministerio de Turismo para reabrir los caminos, Alejandro Ferro puso en duda su jerarquía administrativa y legal. «Una resolución si está dictada por un juez por ahí tiene un peso más que si la dicta un ministro; y por eso te digo que para mí la solución es que todo esto esté hablado con el gobernador», señaló.

El propietario recordó que su familia tiene una tradición de 130 años en el lugar y que siempre llegaron a soluciones mediante el consenso directo con el Ejecutivo provincial: «Todos los acuerdos que hemos hecho nosotros de por vida con el campo los hemos hecho con el gobernador porque una vez que lo firma el gobernador tiene otro peso».

Finalmente, Ferro puso sobre la mesa la realidad económica de los estancieros de la Península Valdés. «El 95% de la península es privada, y si se van cerrando las áreas es porque también a veces ha pasado que el estado avasalla la propiedad y eso no me gusta». 

En ese sentido, instó a debatir la sostenibilidad del sistema: «Tenemos que estar diciendo cómo hacemos para que también el privado, los dueños de las tierras, tengan un ingreso porque son los dueños del 95% de la península y no reciben un ingreso y ahí esto también es algo que hay que debatirlo». 

Incluso sobre la posibilidad de una expropiación, se mostró abierto al diálogo siempre que no sea una imposición unilateral: «No digo que no se pueda hacer una expropiación trabajada en conjunto, nos sentamos y hablamos, vemos cómo se puede hacer un decreto para poder tomar posesión de espacios que le sirvan a la provincia pero que el propietario también reciba algo».