Provincia ordenó habilitar los miradores cerrados por la familia Ferro

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut dictó una resolución que exige la reapertura inmediata de los accesos a la Pingüinera y la boca de la Caleta Valdés, tras el bloqueo unilateral dispuesto por la administración de la Estancia Ferro a comienzos de enero. La medida busca restablecer el uso público de un sector donde el Estado realizó importantes inversiones en infraestructura y garantizar la actividad de las agencias de viajes en plena temporada de cruceros, dejando sin efecto una restricción que fue calificada como un "atropello" al patrimonio de los chubutenses.

La determinación de la cartera turística provincial responde a la crisis desatada el pasado 5 de enero, cuando la apoderada de la firma Ferro Sociedad Anónima, Susana Cereijo, procedió al cierre de los caminos internos que conducen a los miradores. Según consta en los antecedentes del caso, el área supo ser de libre acceso público durante más de 25 años gracias a acuerdos de palabra históricos entre los pioneros de la conservación y los anteriores propietarios. 

La resolución ministerial pone fin a la incertidumbre del sector turístico, que había denunciado la medida como una maniobra de "extorsión" o "apriete" vinculada a una pretensión económica de los propietarios de cobrar un canon mensual de 7.000 dólares para permitir el paso.

El fundamento legal de la habilitación forzosa reside en la naturaleza del recurso y la inversión pública consolidada en el sitio. El Estado Provincial destinó fondos para la construcción de senderos, miradores, estacionamientos y cartelería interpretativa, elementos que otorgan al lugar un carácter de uso público de hecho. Además, las autoridades recordaron que, si bien la tierra es propiedad privada, la fauna silvestre —como los pingüinos— pertenece al Estado, lo que faculta a la Subsecretaría de Conservación a intervenir para asegurar la protección del recurso y evitar que particulares ingresen sin control fuera de los senderos habilitados.

Desde el Gobierno se recalcó que se agotaron las instancias de diálogo, incluyendo ofertas de incentivos fiscales y acompañamiento para proyectos turísticos privados que fueron rechazados por la familia Ferro. 

En tanto, la resolución se alinea con la postura de diversos sectores que reclamaban una salida política o judicial —como una acción de amparo— para evitar que el conflicto afectara la imagen de la Península Valdés como Patrimonio de la Humanidad.

Con esta orden de apertura, se espera que sea acatada de manera inmediata y que de lugar al flujo de visitantes y el trabajo de los guías de turismo, quienes actúan como fiscalizadores naturales del área, para que todo se normalice de manera definitiva.