Red Chamber denunció espionaje corporativo por dos españoles infiltrados en una recorrida oficial

Según la presentación, dos ciudadanos españoles habrían ingresado a la planta pesquera haciéndose pasar por asesores técnicos del gobierno provincial y portando documentación irregular de dos menores argentinos. La denuncia busca esclarecer si se trató de una maniobra ilegal destinada a favorecer a terceras empresas que podrían hacerse cargo de los activos. De hecho, en las últimas horas, entre las tensiones entre el gobierno provincial y la empresa, trascendió que la firma multinacional española Profand, prodría ser la que suceda a Red Chamber. 
La presentación fue radicada ante el Juzgado Federal N° 7 de Comodoro Py, en Buenos Aires, y luego ampliada en Rawson en una audiencia virtual ante la fiscal Zulma Manllauix. Quien fue citado a declarar fue Matías Miranda,  director General a cargo del Comité de Intervención de Alpesca.
La compañía expuso que todo comenzó con un pedido del Comité de Administración de los Bienes de Alpesca, dependiente de la Secretaría de Pesca de Chubut, para habilitar el ingreso de una comitiva identificada como proveniente del Tribunal de Tasación de la Nación. En teoría, el objetivo era realizar un relevamiento en el marco de la causa de expropiación. Sin embargo, entre los visitantes se encontraban dos personas de origen español cuya presencia y actitud despertó sospechas inmediatas.
De acuerdo con el escrito, estos individuos se presentaron como asesores técnicos del gobierno provincial. Al ser requeridos, entregaron documentación cuyos números, en caso de ser argentinos, pertenecían a menores de edad. El detalle llamó la atención de los representantes de Red Chamber, que dejaron asentada la irregularidad y luego la incluyeron en la denuncia. “No sabemos siquiera si los nombres que dieron son los verdaderos”, apuntó el apoderado de la firma al describir los hechos.
La denuncia sostiene que el supuesto relevamiento del Tribunal de Tasación fue en realidad un ardid para perjudicar a Red Chamber Argentina y abrirle paso a otras empresas interesadas en explotar los bienes de Alpesca. El apoderado de la compañía fue explícito en este punto: “Se trató de una maniobra ilícita tendiente a beneficiar a terceras empresas que podrían continuar con la explotación de los bienes”. La sospecha de un espionaje corporativo, además de un eventual fraude en la utilización de identidades, es el eje central de la investigación que la fiscal habilitó a partir de la denuncia.
En su ampliación, la firma recordó que el origen del planteo está vinculado a la causa “Provincia del Chubut c/ Alpesca S.A. y otra s/ Expropiación” (Expediente N° 190/2014), en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn. Allí, el Tribunal de Tasación de la Nación había sido convocado para evaluar los activos, pero la intervención de los supuestos asesores españoles alteró el escenario. Los nombres mencionados en la denuncia son Francisco Verde y Luis Pena, quienes hablaron con acento español y presentaron credenciales dudosas.

NEGOCIACIONES
El contexto en el que se produjo el hecho agrega tensión. Hace pocas semanas, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) pidió una reunión urgente con la empresa para aclarar la situación del contrato de arrendamiento de los bienes de la ex Alpesca. Según detalló Red Chamber, el gremio transmitió la preocupación de los trabajadores ante versiones de que la explotación de la planta sería transferida a otra empresa de capitales españoles, precisamente Profand. 
“Existen serias sospechas sobre la posible comisión de delitos graves”, señala el escrito presentado, al tiempo que pide la producción de medidas de prueba para confirmar la identidad y procedencia de los involucrados.
Para la compañía norteamericana, lo ocurrido configura un caso de espionaje corporativo, con participación de funcionarios públicos en la habilitación del acceso a la planta. “Se trató de una intromisión ilícita con el fin de perjudicar a RCA y beneficiar a competidores directos”, sostiene la firma.
El caso ya se encuentra en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar si existió falsificación de identidad, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público o algún tipo de asociación ilícita vinculada al ingreso de estas personas a instalaciones privadas bajo el pretexto de una medida judicial. La primera audiencia se celebró este viernes y será el punto de partida de una investigación que combina cuestiones de derecho penal, derecho administrativo y de competencia desleal.
El trasfondo del conflicto es más amplio y refleja la pulseada por el futuro de los bienes de la ex Alpesca, expropiados por la provincia y arrendados desde 2015 a Red Chamber. El contrato está bajo revisión y existen voces dentro del gobierno que promueven su rescisión. En paralelo, la empresa norteamericana defiende su continuidad y denuncia una campaña para desplazarla. En ese marco, la sospecha de espionaje agrega un elemento explosivo a la controversia.