La Coordinación de Cajas de Previsión y Seguridad Social nacional apuesta al diálogo para solucionar el conflicto del COMBE

En el marco del debate sobre el funcionamiento del Ente de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la Provincia del Chubut (COMBE), la secretaria general de la Coordinación de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, Sandra Abdo, dialogó con el periodista Rodrigo Mansilla en Invencibles y manifestó su preocupación respecto a la situación que atraviesa la institución y advirtió sobre la gravedad del conflicto en términos de garantías constitucionales si se avanza con la "voluntariedad" de la afiliación.

Abdo, quien además es abogada, docente, vicepresidenta de la Caja Forense de La Pampa y cofundadora del Foro Provincial de Previsión Social de dicha provincia, explicó que COMBE forma parte del sistema de seguridad social y previsión de la República Argentina, el cual se compone de 79 cajas creadas por leyes provinciales. “La coordinadora actúa siempre que hay alguna cuestión que vulnera nuestro sistema. Nosotros somos un sistema de previsión y seguridad social”, sostuvo.

Advirtió sobre las posibles consecuencias jurídicas de una modificación en la legislación que pudiera desproteger a los trabajadores. “Las modificaciones legales que afectan el derecho a la seguridad social tienen repercusiones muy serias. Los Estados tienen una responsabilidad en garantizar este derecho, y cualquier alteración de la ley que deje desprotegidos a los trabajadores profesionales tendría consecuencias jurídicas significativas", advirtió.

A pesar de la gravedad de la situación, Abdo mostró su disposición a seguir el camino del diálogo y la negociación. “No hay mala voluntad de la autoridad política, ya he tenido la oportunidad de dialogar con ellos. Estoy dispuesta a viajar, junto con otros dirigentes de la Coordinadora Nacional, para continuar con el diálogo y buscar una solución”, concluyó.

La magnitud de una situación que considera "grave" y que podría poner en riesgo las garantías constitucionales de los trabajadores profesionales de todo el país. Abdo, con amplia experiencia en el sector, detalló cómo las cajas de seguridad social operan bajo un control muy riguroso, tanto interno como externo, debido a su carácter de entes públicos no estatales creados por leyes provinciales lamentando que "por desconocimiento se pide la voluntariedad porque eso afecta a todas las cajas, a las 79 que hay en todo el país y que brindan seguridad social a casi un millón de trabajadores y sus familias".

Uno de los puntos clave del debate en Chubut es la obligatoriedad de afiliación y aportes a la Caja COMBE. Sobre este aspecto, Abdo señaló que la seguridad social es un derecho humano fundamental garantizado por el Estado, en línea con lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. “La afiliación y el aporte no son opcionales, porque de ellos depende el sostenimiento financiero de la caja y la garantía del derecho previsional de los profesionales y sus familias”, afirmó.

Asimismo, remarcó que la regulación de estas cajas está amparada por el artículo 125 de la Constitución, que otorga a las provincias la potestad de crear y administrar cajas previsionales. En este sentido, explicó que el sistema se sostiene en un marco normativo que ha sido respaldado por la Corte Suprema de Justicia, que ha determinado que las cajas de previsión profesional son entes públicos no estatales.

La discusión en la provincia del Chubut se centra en una modificación legislativa realizada en 2008, en la que se introdujo el concepto de voluntariedad en los aportes a la caja. Al respecto, Abdo indicó que dicha modificación generó confusión y dejó vacíos legales. “El presidente de Combe, Alberto Rey, tiene razón cuando dice que la ley dejó grises. Se introdujo la palabra 'voluntariedad' sin claridad sobre su aplicación, lo que generó un conflicto legal y previsional”, manifestó.

Según la experta, uno de los problemas en Chubut es que en algunas profesiones la matrícula no es otorgada por un colegio profesional, sino por el Estado provincial, lo que podría contribuir a la falta de información de algunos profesionales sobre su sistema previsional. En otras provincias, explicó, la relación entre los colegios y las cajas previsionales es estrecha, garantizando que los profesionales afiliados cumplan con sus aportes.

En relación con la situación actual de Combe, Abdo destacó que el desconocimiento sobre el sistema previsional de profesionales puede derivar en decisiones que pongan en riesgo su sostenibilidad. “No es simplemente decir 'no quiero pagar porque no soy afiliado'. Es un proceso mucho más profundo que afecta derechos constitucionales fundamentales”, enfatizó.

Finalmente, advirtió que cualquier modificación en la obligatoriedad de los aportes debe ser evaluada en el marco de la pirámide jurídica del país, en la que los principios constitucionales tienen preeminencia sobre legislaciones provinciales. “Por encima de cualquier modificación legislativa están los artículos 14 bis y 125 de la Constitución, que garantizan la previsión social como un derecho y facultan a las provincias a regular sus cajas de previsión profesional”, concluyó.

"Estoy dispuesta a viajar junto con otros dirigentes de la coordinadora nacional para continuar con el diálogo que ya hemos tenido porque yo tuve la oportunidad de tener un diálogo con la autoridad política, no hay mala voluntad", afirmó Abdo, subrayando su disposición a encontrar soluciones a través de la negociación.

“El aporte y la afiliación no son optativos. Ya tenemos antecedentes judiciales, hemos llegado hasta la Corte, y no es optativa la afiliación ni el aporte una vez que hay una caja de profesionales en la provincia”, indicó Abdo, subrayando que la afiliación es una obligación legal para todos los profesionales que ejercen en la jurisdicción de la caja correspondiente.

La dirigente subrayó que estas cajas operan en delegación del Estado Provincial, el cual les confía la responsabilidad de garantizar la seguridad social de los trabajadores profesionales. "La obligación de afiliación y aporte es fundamental para el sostenimiento financiero de la caja, pero también para mantener el sistema a nivel nacional. Esto permite que el Estado pueda seguir garantizando ese derecho a largo plazo", explicó.

“Estamos hablando de una situación que afecta a las 79 cajas del país, que brindan cobertura a casi un millón de trabajadores y sus familias. Es muy grave que se cuestione la obligatoriedad de la afiliación, ya que esto pone en riesgo las garantías constitucionales de los profesionales”, explicó.

Finalmente, respecto a las intimaciones, Abdo evitó hacer un juicio de valor, pero dejó en claro la responsabilidad del Estado en la protección de los trabajadores profesionales. "Modificar una ley de esta manera puede traer consecuencias en lo que se llama responsabilidad del Estado. Es un tema complejo, no es algo que se pueda resolver a la ligera", concluyó.