MENÚ
Cargando...

La extensión del espacio semántico

El Estado provincial ha mostrado sus cartas con toda claridad. La imposibilidad de cumplir con sus obligaciones lo ubica en una postura crítica y cuestionable, no sólo por sus manifestaciones prácticas, sino también por la ausencia para explicar las razones.

Luis López Salaberry

Ocurre, creo, que si primara la coherencia, entre mostrar las cartas y sincerar las razones, demostraría la incompetencia y el mero voluntarismo, lo que no se compadece en la gestión de un buen administrador. El Estado no solamente no ha honrado sus deudas, ha mentido, pese a decir lo contrario a través de sus administradores. Ha comprometido sus ingresos en los intereses y capital de deudas contraídas y no puede cumplir en tiempo y forma sus obligaciones como empleador, habiendo sin ningún escrúpulo aumentado los gastos sin pensar en los ingresos. 
Esta situación me hace pensar que, para que no pueda haber dudas sobre los significados, es necesario producir la extensión del espacio semántico. Su límite estaría cuando corramos el riesgo de escaparnos del concepto o de la idea y que podamos desviar la interpretación que corresponde, en el significado de las palabras. Un ejemplo nos podrá permitir entendernos. Todos sabemos que tanto a nivel nacional como a nivel provincial existen procesos que tienen, como sujetos investigados, tanto a funcionarios o ex-funcionarios y empresarios por delitos que pueden ser englobados como corrupción de anteriores gestiones. Es normal que muchos compatriotas no comprendan el lenguaje técnico penal. Es que los delitos contra la administración pública tienen nomenclaturas extrañas para quienes no son especialistas en el tema. Hablar de cohecho, de exacciones ilegales, de prevaricato, etc., es probable que no den una certera imagen en que consisten. Seguramente si hablamos de un robo, de una defraudación, de un hurto o, en términos más llanos, hablamos de «chorros» o de estafadores, podremos entendernos mejor.
Bueno, lo cierto es que si extendemos el espacio, ese de la semántica, también podremos decir que aquél que comete un delito contra la administración pública, en la mayoría de los casos, estaría robando nuestro dinero, o nuestro patrimonio. Ese, entre otras cosas, que el Estado hoy no le entrega a sus empleados y jubilados. No le estaría robando a un tercero no identificado. Estaría robando a la población con nombre y apellido o sea a aquellos que nos cruzamos cotidianamente en la calle. 
Dentro de ese contexto el Estado, como la organización jurídica en clave constitucional, tiene en el gobierno de turno sus administradores. En el accionar de tales administradores podremos analizar mejor porqué el Estado está como está. Para analizarlo es necesario mirar para atrás, sin importar lo que también es cierto el mandato que hace poco tiempo se le ha renovado para la gestión. Teniendo en cuenta el triunfo en las elecciones alguien podría sostener que ha existido borrón y cuenta nueva, pero creo que en las cuestiones públicas no es válido, admitiendo el conjunto de voluntades que fueron críticas y en el imprescindible respeto que tales opiniones se merecen. Más allá de ciertas posturas adoptadas, como entender eso de la soberanía provincial; que a los intereses de los habitantes del Chubut no debía importarle quien condujera los destinos del país, nos llevó a malgastar un dinero en elecciones anticipadas. Lo real y concreto es que, no solamente no somos soberanos y es fundamental comprender que las políticas nacionales tienen directa relación en nuestro devenir histórico. Quien administra la Provincia lo tiene que entender. También que no se puede robar nuestro patrimonio y que las chicanas entre los poderes del Estado deben ser dejadas de lado para, ya resuelto el camino para los próximos años, dejar de lado la soberbia y comprender la necesidad y búsqueda de consensos para las políticas centrales. No son tantas en una provincia potencialmente rica y pobre en cantidad de población. Ello seguramente dependerá que se desprendan los intereses sectoriales que han dominado los últimos años de la administración y no solamente la actual. 
Haber realizado una elección tan alejada al día del comienzo del nuevo mandato no implica dejar que la tendencia nos siga postergando para luego comenzar de cero. Es necesario empezar ya y dejar de perder el tiempo en entramados de poder en una competencia que nada tiene que ver con la gente. Un buen administrador no deja a sus empleados en la intemperie, ni tampoco los organismos de control, caso del Tribunal de Cuentas, miran para el costado. Es de esperar que alguien dé las respuestas.
 

Comentarios

La extensión del espacio semántico

El Estado provincial ha mostrado sus cartas con toda claridad. La imposibilidad de cumplir con sus obligaciones lo ubica en una postura crítica y cuestionable, no sólo por sus manifestaciones prácticas, sino también por la ausencia para explicar las razones.

Ocurre, creo, que si primara la coherencia, entre mostrar las cartas y sincerar las razones, demostraría la incompetencia y el mero voluntarismo, lo que no se compadece en la gestión de un buen administrador. El Estado no solamente no ha honrado sus deudas, ha mentido, pese a decir lo contrario a través de sus administradores. Ha comprometido sus ingresos en los intereses y capital de deudas contraídas y no puede cumplir en tiempo y forma sus obligaciones como empleador, habiendo sin ningún escrúpulo aumentado los gastos sin pensar en los ingresos. 
Esta situación me hace pensar que, para que no pueda haber dudas sobre los significados, es necesario producir la extensión del espacio semántico. Su límite estaría cuando corramos el riesgo de escaparnos del concepto o de la idea y que podamos desviar la interpretación que corresponde, en el significado de las palabras. Un ejemplo nos podrá permitir entendernos. Todos sabemos que tanto a nivel nacional como a nivel provincial existen procesos que tienen, como sujetos investigados, tanto a funcionarios o ex-funcionarios y empresarios por delitos que pueden ser englobados como corrupción de anteriores gestiones. Es normal que muchos compatriotas no comprendan el lenguaje técnico penal. Es que los delitos contra la administración pública tienen nomenclaturas extrañas para quienes no son especialistas en el tema. Hablar de cohecho, de exacciones ilegales, de prevaricato, etc., es probable que no den una certera imagen en que consisten. Seguramente si hablamos de un robo, de una defraudación, de un hurto o, en términos más llanos, hablamos de «chorros» o de estafadores, podremos entendernos mejor.
Bueno, lo cierto es que si extendemos el espacio, ese de la semántica, también podremos decir que aquél que comete un delito contra la administración pública, en la mayoría de los casos, estaría robando nuestro dinero, o nuestro patrimonio. Ese, entre otras cosas, que el Estado hoy no le entrega a sus empleados y jubilados. No le estaría robando a un tercero no identificado. Estaría robando a la población con nombre y apellido o sea a aquellos que nos cruzamos cotidianamente en la calle. 
Dentro de ese contexto el Estado, como la organización jurídica en clave constitucional, tiene en el gobierno de turno sus administradores. En el accionar de tales administradores podremos analizar mejor porqué el Estado está como está. Para analizarlo es necesario mirar para atrás, sin importar lo que también es cierto el mandato que hace poco tiempo se le ha renovado para la gestión. Teniendo en cuenta el triunfo en las elecciones alguien podría sostener que ha existido borrón y cuenta nueva, pero creo que en las cuestiones públicas no es válido, admitiendo el conjunto de voluntades que fueron críticas y en el imprescindible respeto que tales opiniones se merecen. Más allá de ciertas posturas adoptadas, como entender eso de la soberanía provincial; que a los intereses de los habitantes del Chubut no debía importarle quien condujera los destinos del país, nos llevó a malgastar un dinero en elecciones anticipadas. Lo real y concreto es que, no solamente no somos soberanos y es fundamental comprender que las políticas nacionales tienen directa relación en nuestro devenir histórico. Quien administra la Provincia lo tiene que entender. También que no se puede robar nuestro patrimonio y que las chicanas entre los poderes del Estado deben ser dejadas de lado para, ya resuelto el camino para los próximos años, dejar de lado la soberbia y comprender la necesidad y búsqueda de consensos para las políticas centrales. No son tantas en una provincia potencialmente rica y pobre en cantidad de población. Ello seguramente dependerá que se desprendan los intereses sectoriales que han dominado los últimos años de la administración y no solamente la actual. 
Haber realizado una elección tan alejada al día del comienzo del nuevo mandato no implica dejar que la tendencia nos siga postergando para luego comenzar de cero. Es necesario empezar ya y dejar de perder el tiempo en entramados de poder en una competencia que nada tiene que ver con la gente. Un buen administrador no deja a sus empleados en la intemperie, ni tampoco los organismos de control, caso del Tribunal de Cuentas, miran para el costado. Es de esperar que alguien dé las respuestas.
 

Conectar
Crear cuenta