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El Tribunal Constitucional español anuló el decreto de convocatoria al referéndum catalán
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El Tribunal Constitucional español anuló el decreto de convocatoria al referéndum catalán

El Tribunal Constitucional español anuló hoy el decreto de convocatoria del referéndum secesionista celebrado el 1 de octubre en Cataluña, que había sido suspendido de forma cautelar, además de otras dos leyes aprobadas por el Parlamento catalán para llevar a cabo la votación.

Por REDACCIÓN CHUBUT

El tribunal, que tomó la decisión con el voto unánime de sus 12 magistrados, declaró "inconstitucionales y nulas" las normas complementarias a la ley del referéndum, la convocatoria del mismo y la resolución del Parlamento catalán que nombró la Sindicatura Electoral, que debía velar por la imparcialidad de la votación. 
Se trata de tres sentencias separadas que se apoyan en los mismos criterios que llevaron a declarar inconstitucional y nula la ley del referéndum, dice el tribunal en un comunicado. 
Todas las resoluciones coinciden en que las decisiones del gobierno catalán y del Parlamento regional anuladas invaden "competencias estatales en materia de consultas de carácter referendario" y se vulnera, entre otros principios constitucionales, "la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española". 
De esta forma, se invalida jurídicamente el intento del gobierno catalán por darle cobertura legal al referéndum del 1 de octubre, que ya había sido prohibido. 
Por otro lado, el TC también rechazó, por unanimidad, admitir el recurso de inconstitucionalidad que presentó el gobierno del ahora destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, contra las medidas aprobadas por el gobierno español al amparo del artículo 155 de la Constitución, y validadas por el Senado, que habilitaron la intervención de la norteña región. 
El recurso no se admitió por "prematuro", explicó el tribunal, que en su resolución señaló que el gobierno catalán presentó su escrito a las 14.23 del día 27 de octubre, antes de que el Senado votara y aprobara las medidas propuestas por el gobierno español. 
Los magistrados recuerdan que la ley exige que estos recursos se formulen a partir de la publicación en el Boletín del Estado del acto o ley que se pretende impugnar.

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El Tribunal Constitucional español anuló hoy el decreto de convocatoria del referéndum secesionista celebrado el 1 de octubre en Cataluña, que había sido suspendido de forma cautelar, además de otras dos leyes aprobadas por el Parlamento catalán para llevar a cabo la votación.

El tribunal, que tomó la decisión con el voto unánime de sus 12 magistrados, declaró "inconstitucionales y nulas" las normas complementarias a la ley del referéndum, la convocatoria del mismo y la resolución del Parlamento catalán que nombró la Sindicatura Electoral, que debía velar por la imparcialidad de la votación. 
Se trata de tres sentencias separadas que se apoyan en los mismos criterios que llevaron a declarar inconstitucional y nula la ley del referéndum, dice el tribunal en un comunicado. 
Todas las resoluciones coinciden en que las decisiones del gobierno catalán y del Parlamento regional anuladas invaden "competencias estatales en materia de consultas de carácter referendario" y se vulnera, entre otros principios constitucionales, "la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española". 
De esta forma, se invalida jurídicamente el intento del gobierno catalán por darle cobertura legal al referéndum del 1 de octubre, que ya había sido prohibido. 
Por otro lado, el TC también rechazó, por unanimidad, admitir el recurso de inconstitucionalidad que presentó el gobierno del ahora destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, contra las medidas aprobadas por el gobierno español al amparo del artículo 155 de la Constitución, y validadas por el Senado, que habilitaron la intervención de la norteña región. 
El recurso no se admitió por "prematuro", explicó el tribunal, que en su resolución señaló que el gobierno catalán presentó su escrito a las 14.23 del día 27 de octubre, antes de que el Senado votara y aprobara las medidas propuestas por el gobierno español. 
Los magistrados recuerdan que la ley exige que estos recursos se formulen a partir de la publicación en el Boletín del Estado del acto o ley que se pretende impugnar.

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